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Por la política migratoria

 

20/03/2017 19:36:39  | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy "fundada preocupación" por el decreto migratorio firmado por el presidente Mauricio Macri, en tanto que el Gobierno rechazó intenciones "xenofóbicas" y aseguró que la Argentina es un país "de puertas abiertas" a los extranjeros.

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Durante una audiencia convocada de oficio por la CIDH en Washington a partir de la modificación de la normativa migratoria en la Argentina, el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, advirtió que existe "fundada preocupación" por el hecho de que este tipo de medidas escondan una intención de culpar a migrantes por "aumento del delito".

Sin embargo, el director nacional de Migraciones, Horacio García, aseguró que la Argentina es un país de "puertas abiertas" y destacó que desde que el presidente Mauricio Macri asumió se regularizó la situación de 250 mil extranjeros.

García aseguró además que la Argentina está en condiciones de recibir "40 millones" de inmigrantes y resaltó el "aporte positivo" de la inmigración.

El funcionario justificó el decreto que agiliza los plazos para la expulsión de inmigrantes que cometen delitos, al indicar que se requieren tiempos "razonables" debido a que con anterioridad "el trámite insumía entre 8 y 10 años".

Además, el organismo que encabeza García precisó que desde que se firmó el decreto, hay "dos personas" a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, pero que permanecen en libertad mientras se sustenta el proceso de expulsión.

A su vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que "no se trata de perseguir migrantes" y que "la nacionalidad de quien delinque no" interesa en el proceso que se inicia, sino "la aplicación del Estado de derecho".

"La Argentina es un país de puertas abiertas, y el inmigrante que llega y respeta a las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos", dijo el funcionario.

Avruj expresó un además "fuerte rechazo a cualquier manifestación xenófoba" por parte del Gobierno y defendió la intención de "mejorar los controles en las fronteras para evitar que personas en conflicto con la ley penal" ingresen al país.

En tanto, las organizaciones Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Instituto Argentino para la igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba y Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina reclamaron en la audiencia la "anulación" del decreto de necesidad y urgencia y denunciaron que la nueva legislación fomenta la xenofobia, la intolerancia y el "racismo institucional".

Tras denunciar "medidas regresivas en materia de política migratoria", advirtieron que no se garantizan los derechos de quienes llegan al país: consideraron que para "los delitos más graves" la legislación ya preveía procedimientos de expulsión y que ahora cualquier "extranjero detenido" corre riesgo de ser deportado.

"Nos utilizan para resolver el problema de la inseguridad. Somos el 4,5% de la población del país; es ofensivo y humillante que nos atribuyan responsabilidad por la delincuencia", dijo Marta Guerreño, de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC).

Por su parte, Nengumbi Sukama, del Instituto Argentino para la Igualdad, la Diversidad y la Integración (IARPIDI), apuntó que la nueva legislación para inmigrantes termina por impulsar inclusive el racismo contra personas llegadas desde países africanos.

"La Argentina está ahora haciendo lo contrario de lo sugerido por entidades como las Naciones Unidas: en vez de combatir el racismo, lo está promoviendo", afirmó Sukama, de origen congolés, en declaraciones reproducidas por la agencia internacional AFP.

La CIDH, órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebra desde el pasado viernes hasta este miércoles su 161 periodo de sesiones en su sede de Washington con casos de 16 países y sobre temas regionales: puntualmente, la Argentina tuvo este lunes tres audiencias sobre la "criminalización de la protesta en Jujuy", los cambios normativos en materia migratoria y el Programa de Justicia 2020.

La sesión sobre inmigración fue convocada por la CIDH de oficio porque le preocupan las modificaciones que se han hecho en una de las legislaciones que la entidad consideraba "modelo" en esta materia en la región, como explicó recientemente a los periodistas el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão. 

Fuente: Notiexpress/Agencias
 
 
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