A tres meses de que saliera a la luz pública la toma masiva de terrenos en la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez, el conflicto aún se mantiene. En el lugar hay hoy 12 predios usurpados por unas 2 mil familias, quienes en muchos casos ya tienen establecidas conexiones de luz y agua.
Se estima que alrededor de unas 150 familias de ese total ya han comenzado a levantar viviendas de material.

Lo expuesto ocurre luego de que el Concejo Deliberante de esa ciudad aprobará a mediados de julio un proyecto para llevara adelante un “loteo social” con la idea de crear un banco de tierras, convocando así a los dueños de los terrenos con el fin de consensuar una salida al conflicto.

ANTECEDENTES

A principios de mayo se supo públicamente de la existencia de una “ola” de usurpaciones en Villa Gobernador Gálvez. En total, en poco tiempo algo más de 2 mil familias ocuparon unos 13 terrenos (que en su totalidad, se dijo desde el municipio, equivalían a unas 20 manzanas) de dominio privado. El hecho trajo aparejados altos niveles de conflictividad en la ciudad. Tanto, que con los días además de los efectivos locales de la Policía debió intervenir personal de la Guardia de Infantería.

El único desalojo que dictó la Justicia hasta ahora (todos lo propietarios de terrenos fueron a los Tribunales Provinciales para reclamar que liberen sus propiedades) ocurrió el 1º de junio. Ese día numerosos efectivos de la Policía local y personal municipal avanzaron con camiones y topadoras para desalojar un  predio ubicado en el cruce de las calles Gustavo Adolfo Bécquer y San Rafael. El espacio estaba ocupado por sólo dos familias, que habían construido allí sus viviendas, en forma precaria. En total había unas 15 personas cuando se desplegó el operativo, algunas de las cuales fueron demoradas y tras tomar sus datos dejadas en libertad poco más tarde.

Tras ese episodio el tema salió de la agenda mediática urgente, pero lo cierto es que las tomas siguen a la orden del día. Sin solución a la vista, en el medio, el Concejo Deliberante local avanzó en una: el pasado 15 de julio, sancionó una ordenanza por la que autoriza al Ejecutivo a implementar un sistema de loteos sociales por medio de un “banco de tierras”, así como las acciones necesarias para su urbanización con servicios básicos.

Según establece la iniciativa, que ya está en marcha, en todos los casos la formalización del aporte de tierras se hará por convenios entre partes, previa aprobación del Concejo, “especificándose las características de la urbanización y sus requerimientos de servicios”.
 
Consultado el asesor legal de gran parte de los vecinos que están sobre los terrenos usurpados, Arturo Giordana, sostuvo que la ordenanza aprobada en el Concejo “es insuficiente” para acabar con el problema. “Hay propietarios dispuestos a vender, pero el Estado debe ser garante, quien defina el precio justo de los lotes. Además, es quien tiene que dar las condiciones para que la gente pueda pagar las cuotas mensualmente”, sostuvo el letrado.

Giordana explicó además que los ocupantes están solicitando por estas horas la expropiación de los terrenos usurpados, con indemnización a sus dueños y que recién tras eso llegue el “loteo social”, aunque siempre  “con cuotas accesibles a la población”.

Con todo, en la vecina localidad aún persisten, según Giordana, unos 12 terrenos usurpados, con alrededor de 2 mil familias ubicadas sobre ellos. “Hay de todo. Algunos terrenos son de 300 metros y otros, los más pequeños, de 60. Y son todos espacios privados. En Villa Gobernador Gálvez no  hay tierra estatal libre. En los  pocos espacios públicos disponibles que quedaban se fueron conformando las llamadas  villas miseria”, explicó el letrado.

Según Giordana, alrededor de  150 familias de diferentes tomas “ya comenzaron a construir viviendas de material; con ladrillo hueco y techo de chapa”. “También en algunos lugares ya han empezado a bajar mediante conexiones comunitarias luz y agua”, agregó.

Fuente: El Ciudadano