La Multisectorial de Mujeres Rosario denunció que en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez no se garantiza la interrupción de un embarazo previsto en el Código Penal, porque todos los profesionales del área ginecológica son objetores de conciencia.

En respuesta, la intendente, doctora Mónica Fein, adelantó que se incorporarán médicos que garanticen estas prácticas, aunque aclaró que se pueden hacer derivaciones a otros centros de salud ante estos casos.

En conferencia de prensa, la Multisectorial relató lo ocurrido en torno a la niña de 11 años de Entre Ríos, que quedó embarazada tras ser abusada por un adolescente, y cuya mamá finalmente decidió que siguiera con la gestación.

“Este es un caso paradigmático de una realidad que se replica en todo el territorio nacional, cuyas víctimas somos mujeres mayoritariamente pobres a quienes se nos niegan derechos humanos básicos, como el derecho a la salud”, dijeron las mujeres a través de un documento.

En esa línea, desde la ONG señalaron que “en la ciudad de Rosario, en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez no está garantizada la atención por profesionales de la salud que no sean objetores de conciencia, con las consecuencias que ello implica”.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

En tanto, el jefe de Ginecología del Heca, doctor Rafael Pineda, ratificó que “somos objetores de conciencia básicamente porque estamos a favor de la vida y no en contra de ella”.

“Los médicos del servicio de Ginecología del Hospital Clemente Alvarez no están dispuestos a realizar prácticas abortivas por un derecho constitucional que es la objeción de conciencia”, explicó el profesional en declaraciones radiales.

De todos modos, el médico aclaró que “no quiere decir que en el hospital no puedan hacerse abortos no punibles. En el caso que se plantee una situación así, el problema lo resolverá la dirección del efector o la Secretaría de Salud Pública”, sostuvo Pineda.

Según datos oficiales, en la provincia de Santa Fe hay 277 agentes de salud inscriptos en el Registro de Objetores de Conciencia, de los cuales 136 desempeñan sus tareas en centros de salud públicos de Rosario.

Tras la denuncia, la intendenta dijo que “o incorporamos médicos que no estén inscriptos en el registro de objetores o realizaremos traslados a otros hospitales con el acuerdo de los actores”.

“Respetamos la objeción de conciencia, pero no todos los integrantes de un servicio pueden serlo”, sostuvo la intendenta socialista, quien indicó que “éste es un tema que tenemos que resolver cuanto antes”.

Según Fein, “creemos correcto que todos los servicios tengan personas con diversidad de pensamiento. Y sobre todo que ese servicio pueda cumplir con lo que marca la ley actualmente”.