Las familias que en noviembre de 2009 fueron desalojadas del predio de Ituzaingó 60 bis tomaron pacíficamente la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV) para pedir solución al problema habitacional que los afecta. En dos meses finalizan los contratos de alquiler que paga el Estado, mientras se construyen sus viviendas definitivas y ellos temen volver a quedar en la calle, ya que las obras aún no comenzaron.

Desde la provincia aseguran que “se está cumpliendo el acuerdo pactado en la Justicia” y desmienten incomunicación con los vecinos. “No entendemos cuál es el reclamo porque estos vecinos son verdaderos privilegiados al tener esta posibilidad que otros en la misma situación (falta de vivienda) no tienen; pero aún así vinieron a insultar y a escupir al personal de la delegación Rosario de la DPV”, dijo la directora del ente Alicia Pino.

Qué reclaman
En el mes de noviembre último, 23 familias que mantenían usurpado desde 2007 un inmueble privado ubicado en Ituzaingó 60 bis de Rosario, llegaron a un acuerdo con el gobierno provincial. Mediante el mismo, las familias se comprometieron a abandonar el predio de forma tranquila, a cambio de que el Estado provincial les pagase el alquiler de una vivienda transitoria.

Además, el acuerdo establecía que el mismo Estado sería el responsable de afrontar el pago de esos alquileres hasta que el barrio donde se radicaran definitivamente las familias estuviese terminado.

Pero, transcurridos los primeros ocho meses del convenio –y a dos de vencer los contratos de alquiler– los vecinos se presentaron en la DPV, Santa Fe al 1.100, para saber qué pasará con ellos cuando operen los vencimientos. “Vinimos a pedir respuesta –dijo enardecida Sabrina, una de las habitantes desalojadas, al móvil de Radio 2- y como nadie nos recibe, nos vamos a quedar acá todo el tiempo que sea necesario”.

Según el relato de los vecinos “algunas de las casas alquiladas por la provincia para que ellos ocupen, están a punto de ser vendidas por sus dueños” y ellos temen quedar sin techo otra vez. Además, refieren que el Estado no paga la totalidad del importe del alquiler, sino que “sólo aporta 850 pesos a cada inquilino” para que afronte ese compromiso.


Fuente: Notiexpress - Radio 2