El fiscal que interviene en la investigación de los crímenes de barrio Parque denunció penalmente que en el juzgado de Instrucción Nº 5, que tramita el caso, se omitieron del expediente dos escritos en los que él se había manifestado a favor de la libertad de dos imputados. Los acusados permanecieron detenidos durante la feria judicial de invierno, en forma contraria a los dictámenes que el encargado de la acusación ahora reportó como desaparecidos. El planteo se da en una causa compleja en la que, previamente, el mismo tribunal había sido denunciado por otras presuntas irregularidades.

La presentación la hizo el fiscal Esteban Franichevich, quien aportó otro dato inquietante. Dijo que el padre de uno de los implicados le reveló que en el juzgado le habían solicitado dinero a cambio de excarcelar a su hijo, pero que él se opuso. La denuncia fue realizada el jueves pasado en la unidad de atención de víctimas y denunciantes de los Tribunales provinciales, a cargo de Guillermo Corbella. Allí se abrió un expediente encuadrado provisoriamente en los delitos 248 y 245 del Código Penal, es decir, incumplimiento de los deberes de funcionario público y sustracción de elementos de prueba.

INSPECCIÓN AL JUZGADO

La causa penal quedó en el juzgado de Instrucción Nº 13. Interviene en suplencia el juez Luis María Caterina, quien tomó una serie de testimonios y realizó algunas medidas. La más notoria fue una inspección al juzgado de Instrucción Nº 5 en busca de los escritos perdidos, realizada el viernes pasado. En la investigación interviene la fiscal Ana Rabín, quien según una fuente judicial "solicitó medidas para saber si existió un delito".

Los dictámenes denunciados como desaparecidos fueron emitidos antes de la feria judicial en favor de José Antonio Marotto y Matías Alberto Mazzoni, quienes habían sido detenidos el 9 de junio en el marco de la investigación por tres crímenes de ancianos ocurridos en barrio Parque y en Zavalla. Esos casos se investigan en el juzgado de Instrucción Nº 5, a cargo de María Luisa Pérez Vara y con secretaría de Oscar Trueno.

Los habían apresado luego de que Martín Santoro, el principal implicado, les marcara a los encargados de la pesquisa quiénes eran los implicados en las incursiones en los domicilios y dónde se reducían los objetos robados. Marotto y Mazzoni solicitaron en primer término su libertad pero este pedido fue rechazado por Franichevich, quien se opuso por la alta expectativa de pena y la gravedad del delito.

Luego requirieron una sustitución de la prisión preventiva. El mismo beneficio fue solicitado por otro imputado, Claudio C. En este caso el fiscal dictaminó a favor, siempre que un familiar se presentara como garante y se cumpliera con requisitos básicos. C. recuperó la libertad el viernes 2 de julio, el último día hábil antes de la feria. En cambio a Marotto y Mazzoni la jueza les rechazó el pedido.

De acuerdo con la denuncia del fiscal, esto ocurrió sin que fueran incorporados al expediente sus dictámenes. Se trata de dos notas manuscritas, sin copia. En ellos, sostuvo, decía que debía hacerse lugar en las mismas condiciones que a Claudio C. Sin embargo, Marotto y Mazzoni siguieron detenidos hasta el lunes pasado. Ese día salieron en libertad tras haber sido procesados por encubrimiento agravado, una figura más leve respecto de la acusación inicial.

En la investigación del tema el juez Caterina citó al padre de Mazzoni, quien había afirmado ante el fiscal Franichevich que un funcionario del juzgado le solicitó dinero a cambio de otorgarle la libertad a su hijo. Que él se opuso y por eso, según le comentó al fiscal durante una entrevista en su oficina, le rechazaron el pedido. Una fuente del caso señaló que el hombre ratificó lo señalado por Franichevich en la denuncia. Aunque al declarar ante Caterina habría indicado que el ofrecimiento no fue realizado en forma directa por el funcionario sino a través de un intermediario.

También fueron citados empleados del juzgado, quienes señalaron que el 2 de julio se les tomó declaración a familiares de Marotto y Mazzoni que se habían ofrecido como garantes de la sustitución de prisión. También fueron citados a declarar como testigos los abogados de los imputados, Adrián Ruiz y José Ferrara.

REPROCHES ANTERIORES

Los mismos imputados en la secuencia de delitos de barrio Parque habían realizado un reproche contra el mismo tribunal ante la Corte Suprema de Santa Fe. Entonces plantearon que existía un trato desigual hacia los detenidos, ya que mientras dos hermanos de Santoro habían sido favorecidos con prisión domiciliaria otros no obtenían respuesta ante pedidos similares.

El reclamo hablaba de intolerable desigualdad ante la ley, arbitrariedad en la conducta del juzgado de Instrucción Nº 5 y de "misterioso trato" de parte de funcionarios de este tribunal hacia los defensores de los hermanos Santoro. La semana pasada solicitaron la recusación de la jueza Pérez Vara al entender que la magistrada había perdido "la imparcialidad e independencia" para resolver la causa.