Recientemente, el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Mario D’Jallad, impuso a la empresa AMX Argentina SA astreintes por valor de treinta mil pesos por no cumplir con la sentencia que obligaba a la firma a remitir información sobre el impacto ambiental y sobre la salud de las personas de una antena ubicada en el municipio de Campo Quijano.
El objetivo de éstas astreintes es provocar el cumplimiento de las medidas solicitadas conminándola a pagar una multa diaria hasta el cumplimiento de lo pedido.
Así la empresa AMX (Claro) sigue siendo punto de sanción ya que hasta el momento no ha dado respuesta a lo mandado por la Justicia.
Vale recordar que la acción fue iniciada a instancias de la Procuración General de la Provincia y, a causa del incumplimiento, la firma se ve obligada a abonar quinientos pesos diarios en concepto de dichos astreintes.
En tal sentido, la Procuración también tiene realizado pedidos de informes al Municipio de la Ciudad de Salta a los fines de constatar si se realizaron los estudios previos a la autorización y elevación de las distintas antenas de celulares que se encuentran en el Municipio de Salta, plazo aún vigente para su cumplimiento.
Resulta oportuno recordar que el año pasado el Municipio de Guemes había sacado una ordenanza que obligaba a retirar las antenas, cuestión que mereció la oposición de las empresas prestatarias del servicio, por lo que la asunto en debate pasó para que lo resuelva la Justicia Federal, ante el desconocimiento de incompetencias efectuado por dichos emprendimientos comerciales.
Lo llamativo es que todas las empresas de telefonía celular han firmado y elaborado un Código de buenas prácticas en la que reconocen las competencias nacionales, provinciales y municipales en esta temática.
En tal sentido, dicho código expresa que la Nación interviene en todo lo que hace al uso del espacio radioeléctrico, junto con lo correspondiente a normas de telefonía y de salud (a través del Ministerio correspondiente), las Provincias con los controles y autorizaciones ambientales (aunque en este punto en Salta Ciudad también injiere el municipio), y el Municipio en lo referente a temas urbanísticos y de seguridad de las construcciones.
Bajo tales competencias determinadas y acordadas es que la Procuración General de la Provincia inicia (ante denuncias) y continúa el control de elementos básicos para el funcionamiento de la telefonía celular, siempre en el marco de las distintas normas ambientales y de salud que deben respetarse.
