El Gobierno suspende el contrato de supervisión de la tarjeta SUBE, en medio de investigación judicial

Randazzo instruyó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, para que proceda en tal sentido, en momentos en los que la Justicia investiga presuntas irregularidades en la licitación para controlar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y su consecuente contrato por 65 millones de pesos.

En este sentido, el funcionario dio intervención, además, a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para que en el marco de sus competencias analice la contratación, sus alcances y "las medidas que correspondan tomar al respecto".

De igual modo, Randazzo "solicitará la colaboración de la Auditoria General de la Nación para que este organismo de control trabaje en el mismo sentido que la SIGEN", indicó un comunicado oficial de la cartera a su cargo.

"Hasta tanto se defina el futuro de ese contrato, el equipo de Informática del Ministerio del Interior y Transporte se encargará de la supervisar la aplicación de la tarjeta SUBE", agregó el organismo estatal que preside Randazzo.

La decisión del Gobierno se produce en momentos en los que la Justicia investiga la licitación para controlar la SUBE, en la que se impuso un consorcio integrado por presuntos ex asesores de la Secretaría de Transporte, pese a que el Estado contaba con una oferta casi $ 10 millones más barata.

El juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli encabezan la pesquisa judicial, en la que funcionarios nacionales
y ex integrantes del Gobierno están en la mira, como el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.

A partir de una serie de notas publicadas por el diario La Nación, el magistrado Torres abrió una causa para investigar la
presunta responsabilidad de De Vido en el asunto, al tiempo que Stornelli pidió que Schiavi sea citado a declarar.

El consorcio que se adjudicó la licitación está encabezado por una empresa británica, de nombre Global Infrastructure (GI), y la que fue creada cuando ese proceso ya había comenzado, y que se unió a Ingeniería en Relevamientos Viales SA, Iatasa SA y a González Fischer y Asociados (GFA) para imponerse y quedarse, de ese modo, con un contrato de $ 65 millones.

El dueño de GI y máximo responsable de controlar la SUBE es un hombre llamado Stephen Chandler, de origen británico también, pero esa compañía no tiene oficinas en el país y en el domicilio legal de su sede central, en el pueblo inglés de Bicester, funciona una peluquería, según comprobó una reciente investigación periodística.

La oferta de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ganó la licitación fue de $ 47,9 millones (sin impuestos), mientras que su principal competidora, la UTE compuesta por PWC SA y Barimont SA ofreció $ 38,1 (sin impuestos), es decir, su propuesta era 25 por ciento más barata.

En el expediente de la pesquisa judicial consta que "el objeto de la investigación son las circunstancias que rodearon la
contratación por parte de la Secretaría de Transporte", dado que "se adjudicó un contrato a una UTE cuando había una oferta $ 10 millones más barata".

"Se pagarían salarios por 3 millones de dólares anuales a personal que no tendría un lugar de trabajo (como una presunta empleada de GI, de nombre Marcela Ashley, quien aseguró que jamás cobró un sueldo)", según figura en la investigación a cargo de Stornelli.

NA