La jueza de Menores, María del Carmen Mussa, se presentó el lunes pasado en el IRAR (Instituto de Rehabilitación de Menores de Rosario), sito en Saavedra y Cullen, y después de constatar lesiones en dos menores que denunciaron apremios de agentes del Servicio Penitenciario, ordenó a las 18 que los uniformados se retiraran al perímetro de la institución, sin tener contacto con los jóvenes alojados. La medida judicial disparó un conflicto cuando desde la Dirección Penal Juvenil le aseguraron que "no podían funcionar sin el personal penitenciario".

Llamativamente hubo una revuelta entre media docena de internos, con un pequeño incendio incluido, lo que terminó con la revisión de la medida judicial de la propia jueza. "A las 22.30 revoqué mi orden parcialmente, exigiendo que los tres guardias denunciados, sean reemplazados", explicó Mussa. El tenor del conflicto hizo que se hiciera presente el ministro de Justicia, Héctor Superti.

Según relató Mussa a LT 8 "todo comenzó cuando un chico de 17 años alojado en el Irar, denunció que fue golpeado el domingo por la noche por los guardias del Servicio Penitenciario. Y detalló que cuando se acercó uno los operadores civiles, simularon estar hablando con el menor, de quien ya estábamos tramitando su traslado".

La magistrada agregó que en horas del mediodía "las asesoras de menores presentaron un habeas corpus correctivo por un grupo de chicos que habían denunciando golpes. Por eso a las 18 me constituí en el Irar junto al médico forense con quien visitamos y revisamos a los chicos del sector B y C, quienes denunciaron que la noche anterior la guardia del Servicio Penitenciario los había golpeado. En este sentido el forense constató lesiones en dos de ellos".

Con esta constatación la jueza Mussa ordenó "a las 20.30 que los guardias del sector B y C se retiren, no que se retire todo el servicio sino solo estas dos guardias, porque no podía confiar en ellos. Estas tres personas estaban en tres sectores A, B y C y se notificaron y pasaron al perímetro e inmediatamente me llama Silvia Crescente, directora Penal Juvenil y me aclara que sin el Servicio Penitenciario no pueden estar solo los operadores por seguridad, y que la enfermera no ingresaba al pabellón porque los menores eran peligrosos. Me pidió también que me comunicara con el director del Irar pero nadie me contestaba".

La juez recordó que la llamó el doctor Juan Lewis. "Me dijo que mi orden es de cumplimiento imposible y que si no estaba el Servicio Penitenciario los internos se pegarían entre sí. También me advirtió que si pasaba algo la responsable iba a ser yo. Así que revoqué parte de mi orden y le indiqué al Servicio Penitenciario que aparte a estas tres personas sospechadas de los golpes, y que ubique en sus lugares al resto del personal". Mussa se quejó del llamado de Lewis "porque desconfiaba de todo".

Según la versión oficial luego del retiro de los penitenciarios "se suscitó un principio de incendio en los pabellones A y C y se registraron deficiencias en el suministro de medicación a algunos internos, ya que la enfermera no podía ingresar a los pabellones sin personal de seguridad". Mientras el fuego pudo ser extinguido rápidamente, a instancias del subsecretario de Asuntos Penales acudieron al IRAR como apoyo agentes de policía y de bomberos. A las 23:30 un automóvil del Poder Judicial arribó al IRAR con una contraorden de la jueza Musa, ordenando restituir la guardia del Servicio Penitenciario y el reemplazo de tres agentes de esa dependencia.

Posteriormente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que se había hecho presente en el instituto, efectuó una recorrida en compañía de Lewis; el subdirector del Irar a cargo de la seguridad y otros empleados de la institución; personal policial, entre ellos el jefe de Orden Público, el inspector de Zona y el jefe de la comisaría 19ª. Se verificaron los pabellones y el sector de escuelas y talleres, encontrándose todos en perfecto estado (aunque la entrada de los pabellones A y C presentaba rastros de efectos quemados).